Esta semana comenzó en Bonn, Alemania la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2017 (COP23), que tiene como telón de fondo los eventos meteorológicos extremos que han devastado la vida de millones de personas en lugares como Asia, América y el Caribe. Hay que actuar con urgencia para mantenerse alejados de los puntos críticos. Ese objetivo es mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y, aún mejor, que no se superen los 1,5 grados.
La conferencia, que llega justo dos años después de la adopción histórica del Acuerdo de París sobre el cambio climático, alentará además la acción por parte de ciudades, estados, regiones, territorios, empresas y sociedad civil en apoyo de los planes nacionales de acción climática, y a favor del objetivo de temperatura acordado internacionalmente y de los objetivos más amplios recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En este contexto, es muy importante para la Argentina que ratifique su compromiso nacional de reducción de emisiones (INDC por sus siglas en inglés) asumido en París (15% menos de emisiones GEI de aquí a 2030, y otro 15% sujeto a financiación adicional).
Argentina, llevará una propuesta superadora que será presentada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, que se basará en tres programas de reducción de emisiones. El primero es la desforestación cero y la re-forestación, no sólo en bosques naturales sino también la de tipo industrial. El segundo es el cambio de la matriz energética hacia una más limpia, con énfasis en las renovables y el éxito que tuvieron las licitaciones del Renov.Ar, y aquí elevamos nuestra propuesta ya que queremos llegar en 2030 no ya al 25% de renovables en nuestra matriz eléctrica sino al 30%. El tercer programa se enfoca en el transporte público sustentable, basado en mayor uso de biocombustibles, vehículos híbridos y eléctricos y mayor uso de trenes y embarcaciones para el transporte de mercaderías.
La variedad de oradores refleja el amplio espectro de sectores involucrados en la acción climática. Entre las personalidades ya confirmadas figuran la presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine; Arnold Schwarzenegger; el Secretario General de la ONU, António Guterres; la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; el Gobernador de California, Jerry Brown; el Enviado Especial de la ONU, Michael Bloomberg; el astronauta Thomas Pesquet; Paul Polman, Director Ejecutivo de Unilever; la Primera Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon; y el explorador del Solar Impulse, Bertrand Piccard.
Se prevé que de la COP23 salgan además varias iniciativas transformadoras, incluida una de las Naciones Unidas sobre salud y pequeños estados insulares, una plataforma para apoyar la participación de las comunidades locales y los pueblos indígenas, un Plan de Acción de Género de amplio alcance, y el desarrollo de un proyecto de protección global frente a los riesgos para proporcionar seguros asequibles a 400 millones de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
El Acuerdo de París se basa en planes nacionales de acción climática conocidos como Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), cuyo nivel de ambición debe aumentarse con el tiempo para encaminarnos colectivamente hacia el objetivo de la temperatura del Acuerdo de París.
Urge una acción más rápida e inmediata, ya que los compromisos y los esfuerzos registrados hasta el momento ponen al mundo camino de un aumento de 3 grados centígrados, o quizá más.
Esto provocaría la pérdida de la capa de hielo de Groenlandia, mayores aumentos del nivel del mar, daños importantes en importantes sistemas naturales, como el Amazonas, y riesgos para la previsibilidad de los sistemas de circulación oceánica. Hasta ahora, las temperaturas ya han aumentado alrededor de un grado centígrado en relación a la época pre-industrial.
Por otra parte, desde el CEDYAT consideramos que un aporte positivo y novedoso es que Argentina también se encuentra desarrollando un mapa de riesgo climático con simulaciones de impacto al año 2100, que todas las obras de infraestructura con PPP (participación público privada) deberán evaluar, para que no haya más rutas ni urbanizaciones bajo el agua.
El objetivo último de todas las negociaciones y propuestas es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evitará la interferencia peligrosa del ser humano en el sistema climático en un plazo de tiempo que permita a los ecosistemas adaptarse naturalmente y que haga posible el desarrollo sostenible.
Por Fabián Ruocco
